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QUE SE INCORPORE LA OPINIÓN DE PERSONAS MAYORES EN ACCIONES Y PROGRAMAS PÚBLICOS DIRIGIDOS AL SECTOR, COINCIDEN ESPECIALISTAS



Un grupo de especialistas internacionales solicitó que en el Proyecto de Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores -que podría adoptarse en 2015- se incorpore la opinión de ese sector poblacional en el diseño de políticas públicas a su favor, que garanticen su autonomía y toma de decisiones.

Durante el segundo día de sesiones del Segundo Foro sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores se abordó el tema “Autonomía, capacidad legal y toma de decisiones en la vejez”, en donde los ponentes hicieron suyo un reclamo de los adultos mayores; “nada sobre nosotros sin nosotros”, por tratarse de los actores involucrados, primordiales.

En materia de protección de derechos humanos se puede avanzar y perfeccionar, pero jamás retroceder, bajo ningún precepto, coincidieron al resaltar que el Estado tiene la obligación de realizar una consulta antes de elaborar cualquier ley que involucre a las personas mayores.

Rodrigo Jiménez, codirector de la Fundación Justicia y Género de Costa Rica, dictó la conferencia Capacidad legal y toma de decisiones. Se manifestó por eliminar el modelo de ejercicio del poder mediante el control que limita la toma decisiones de las personas mayores y de otras edades, como ocurría con las personas con discapacidad de esa nación centroamericana.

Para garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas mayores, destacó la importancia de dotarlas de autonomía en materia jurídica, y de erradicar la violencia física, psicológica, la amenaza, el temor grave y mal grave,  que se ejerce sobre mujeres y hombres adultos mayores y que influyen en la toma de decisiones personales.

Abundó en el evento, que fue organizado por la administración pública capitalina en coordinación con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que las personas no pierden necesariamente sus capacidades por la edad avanzada.

En su turno, Rebecca Schleifer, especialista en salud y derechos humanos de la Sociedad Global de Justicia de Salud de Yale de la Universidad del mismo nombre, resaltó la necesidad de reconocer la personalidad jurídica y la autonomía de los adultos mayores, para vivir su propia vida.

Dio a conocer que la Organización de Estados Americanos está a cargo de la elaboración de un proyecto de Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que podría presentarse a la Asamblea General del organismo para su eventual adopción en 2015.

En la mesa de debate sobre el mencionado tema, Xabier Etxeberría, catedrático de Ética de la Universidad de Deusto, España, manifestó que es necesaria la autonomía en la ancianidad y la independencia frente a la dependencia, inclusive la autonomía acompañada.

En sesión de preguntas y respuestas, subrayó que al Estado corresponde proporcionar los servicios necesarios, a través de las instituciones públicas, que garanticen el bienestar y la tranquilidad de las personas mayores.

Posteriormente, en la mesa denominada Experiencias Nacionales sobre Derechos Humanos de las Personas Mayores participaron Gustavo Fallas, asesor jurídico del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor de Costa Rica, y Susana Torres Hernández, delegada del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) en el Distrito Federal.

Gustavo Fallas se refirió al programa de vivienda bajo la modalidad de albergues, con una enorme tramitología, que resultó un fracaso en Costa Rica, por considerar que solo estaba dirigido a adultos mayores pertenecientes a la clase media y que dejó en el abandono a los sectores en condiciones de pobreza y pobreza extrema.

Ese modelo, comentó, fue reemplazado por un programa de vivienda comunitaria, que se financia con fondos públicos, provenientes del Impuesto Sobre la Renta y otras contribuciones federales, y está dirigido a personas de 65 años en adelante, que vivan solas o en pareja.

El nuevo sistema habitacional se caracteriza porque no tiene barreras arquitectónicas, son seguras, cómodas y estimulan las relaciones grupales, en lugar de aislar a los vecinos, detalló.

Durante su participación, Torres Hernández informó que México tiene 10.9 millones de personas mayores, que representan el 9.3 por ciento de la población total, en un rango de 60 a 74 años.

Entre las acciones que realiza la institución que representa, mencionó el proceso de credencialización a través de la emisión de una “tarjeta inteligente”, a partir de 2013, con la intención de elaborar un padrón único de beneficiarios de los programas sociales a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social federal.

Por su importancia, sostuvo que se estableció una red de vinculación laboral dirigida a los adultos mayores, previa capacitación y firma de los respectivos convenios con la parte contratante.



   

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